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«Cruz Consulting Group, Inc. Recurrido Certiorari v. 2014 TSPR 103 El Legado de Chi Chi Rodríguez, 191 DPR S.C., S.E. y otros Peticionarios Número ...»

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EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cruz Consulting Group, Inc.

Recurrido Certiorari

v. 2014 TSPR 103

El Legado de Chi Chi Rodríguez, 191 DPR ____

S.C., S.E. y otros

Peticionarios

Número del Caso: CC-2013-978

Fecha: 4 de septiembre de 2014

Región Judicial de: Caguas

Abogados de la Parte Peticionaria:

Lcdo. Manuel Cámara Montull

Lcdo. Jorge Cámara Oppenheimer

Abogado de la Parte Recurrida:

Lcdo. Ramón Díaz Gómez Materia: Ley 208—1995 de Transacciones Comerciales, Instrumentos Negociables – Responsabilidad de agente o representante al firmar pagaré Este documento constituye un documento oficial del Tribunal Supremo que está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO

Cruz Consulting Group, Inc.

Certiorari Recurrido CC-2013-978 v.

El Legado de Chi Chi Rodríguez, S.C., S.E. y otros Peticionarios Opinión del Tribunal emitida por la Jueza Asociada señora Pabón Charneco En San Juan, Puerto Rico, a 4 de septiembre de 2014.

Comparecen ante nos el Sr. José Joaquín López Cámara, su esposa, la Sra. María Elena Matos Garratón y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos (en conjunto, los ―peticionarios‖) y solicitan la revocación de una Sentencia del Tribunal de Apelaciones. Mediante esta se modificó y confirmó una Sentencia del Tribunal de Primera Instancia que declaró Con Lugar una Demanda en cobro de dinero presentada por Cruz Consulting Group, Inc.

(en adelante, ―Cruz Consulting‖), contra los peticionarios y otros.

En esta ocasión nos corresponde resolver si un agente o representante de una tercera persona responde en su carácter personal al firmar un instrumento negociable, específicamente un pagaré, conforme a la Ley Núm. 208- 1995, según enmendada, conocida como Ley de Transacciones CC-2013-0978 2 Comerciales, infra. A continuación exponemos los hechos que dieron génesis a la controversia de autos.

I El 26 de octubre de 2001, el Sr. Juan Rodríguez Vilá y las corporaciones T/MG Corp., Inc. y Potrero Matos, Inc., ambas representadas por su Presidente, el señor López Cámara, otorgaron una Escritura ante Notario Público con el fin de crear una sociedad especial y en comandita llamada El Legado de Chi Chi Rodríguez Golf Resort(S.C.), S.E. (en adelante, ―El Legado‖), cuyo propósito era operar y poseer un proyecto turístico que incluiría un hotel y un campo de golf.1

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1 Véase la Escritura Núm. 53 titulada Deed of Amended and Restated Special Partnership, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 143Anteriormente las mismas partes habían otorgado otras dos (2) escrituras: (1) el 19 de abril de 2001, el señor Rodríguez Vilá, el Sr. José A. Marcano Figueroa y las corporaciones T/MG Corp., Inc. y Potrero Matos, Inc., otorgaron una primera Escritura con el propósito de constituir una sociedad especial en comandita que se llamaría Puerto Rico Golf Resort, (S.C.) S.E, y (2) el 26 de octubre de 2001, las mismas partes, excepto el señor Marcano Figueroa, otorgaron una segunda Escritura a los efectos de remover al señor Marcano Figueroa como socio, pues este deseaba separarse de la sociedad que habían constituido previamente. Véanse las Escrituras Núm. 21 y 52, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 121-142.

2 Véase el Contrato titulado Contrato para la Provisión de Señal de CATV, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 174-176.

3 Véase el Contrato titulado Contrato para la Provisión de Cajas y Módulos para las Casas Inteligentes, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 177-179.

CC-2013-0978 3 otorgado entre El Legado y Cruz Consulting el 14 de enero de 2004, en el cual Cruz Consulting se obligó, inter alia,

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titulado Mutual Release con fecha de 10 de enero de 2006, el cual fue firmado por el señor Cruz en representación de Cruz Consulting y los señores López Cámara y Rodríguez Vilá en representación de El Legado. Tratándose en esencia de un Contrato de Transacción entre las partes, las mismas

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derivara de los servicios de telecomunicaciones objeto de 4 Véase el Contrato titulado Contrato para la Administración, el Uso y Derecho de Paso de la Infraestructura de Conductos y Registros de Comunicaciones, Apéndice del recurso de Certiorari, págs. 168-173.

5 Los primeros dos (2) Contratos fueron firmados por el Sr. José Luis Cruz, como representante de Cruz Consulting, y el señor López Cámara y el Sr. Jesús Rodríguez Vilá, como representantes de El Legado. En el tercer Contrato compareció el señor López Cámara como representante de El Legado Home Owners Association, Inc., mientras que el Sr. Jesús Rodríguez Vilá compareció como representante de El Legado. Como de costumbre, el señor Cruz compareció a nombre de Cruz Consulting.

6 Véase la determinación de hecho número 5 de la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia, Apéndice del recurso Certiorari, pág. 101.





CC-2013-0978 4 los Contratos antes mencionados.7 Según el Anejo A del

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luego de quince (15) días contados a partir de la fecha del otorgamiento del contrato, y (b) ciento veinticinco mil dólares ($125,000.00) pagaderos el 1 de diciembre de

2006.8 La segunda suma de ciento veinticinco mil dólares

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Consulting presentó una acción civil en cobro de dinero contra El Legado, el señor Rodríguez Vilá, el señor López Cámara y sus respectivas esposas y Sociedades de Bienes Gananciales. El 10 de mayo de 2007, el señor Rodríguez Vilá, su esposa Iwalani Rodríguez y la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ambos presentaron una Moción en Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial mediante la cual argumentaron en síntesis que El Legado es una sociedad especial de responsabilidad limitada y que fue esta la que

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Además, plantearon que no eran socios de dicha entidad y que quien único se había obligado a satisfacer la suma adeudada lo fue El Legado, por lo que no eran responsables por la obligación reclamada en su carácter personal. Por

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Demanda y Reconvención el 24 de mayo de 2007.12 12 En su Contestación a la Demanda y Reconvención, El Legado aceptó la existencia del Pagaré y a su vez invocó las doctrinas de los actos propios y enriquecimiento injusto contra Cruz Consulting. Inter alia, El Legado también reclamó la nulidad del Contrato de Transacción y el correspondiente Pagaré, ya que su consentimiento en cuanto al Mutual Release estaba viciado. Alegó que Cruz Consulting le había CC-2013-0978 6

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deuda tanto a nombre de El Legado como en su carácter personal, y que de la Escritura donde se constituyó la sociedad especial surge que el señor López Cámara es el Presidente de las dos (2) corporaciones que figuran como

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Solicitud de Sentencia Sumaria Parcial presentada por el matrimonio Rodríguez-Rodríguez, Cruz Consulting alegó que tanto el señor Rodríguez Vilá como su esposa eran socios de El Legado, por lo que eran solidariamente responsables

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especial.

Luego de varios trámites procesales,13 incluyendo la celebración del juicio en su fondo, el Tribunal de Primera Instancia dictó Sentencia declarando Con Lugar la Demanda presentada por Cruz Consulting. En lo aquí pertinente, el foro primario razonó que ―la única explicación legal para explicar que los codemandados se obligaron (...) firmando

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responsables por el pago solidario de la deuda reclamada y evidenciada mediante el Pagaré.

Inconformes con la determinación del foro primario, el 18 de junio de 2012, los peticionarios presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones.15 El 9 de octubre de 2013, archivada en autos copia de su notificación el 16 de octubre de 2013, el foro apelativo intermedio emitió la Sentencia Enmendada Nunc Pro Tunc de la cual se recurre.16 En su dictamen, el foro apelativo intermedio se limitó a modificar la Sentencia del foro primario a los únicos efectos de eliminar la determinación

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14 Véase la Sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en la controversia de autos, Apéndice del recurso de Certiorari, pág.

109.

15 El matrimonio Rodríguez-Rodríguez también presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones. Ambos recursos fueron consolidados por el foro apelativo intermedio. Sin embargo, quienes únicos recurrieron ante este Tribunal fueron los peticionarios, por lo que en adelante limitamos nuestra discusión a lo alegado por ellos.

16 Previo a la enmienda nunc pro tunc, la Sentencia original del foro apelativo intermedio fue emitida el 30 de agosto de 2013 y notificada el 11 de septiembre de 2013.

CC-2013-0978 8 apelativo intermedio erró al determinar que el señor López

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Demandados-Apelantes. No obstante, se limitó a discutir asuntos jurisdiccionales y en nada cuestionó los méritos del tercer error señalado por los peticionarios.

Estando en posición para ello, resolvemos.

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general. Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 31 LPRA sec. 12; S.L.G. Vázquez-Ibáñez v. De Jesús, Vélez, 180 DPR 387, 398 (2010); Mun. de San Juan v. Prof. Research, 171

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American, 112 DPR 797, 800 (1982). En nuestra jurisdicción 17 En adición, los peticionarios señalaron que el foro apelativo intermedio erró al determinar que tanto la señora Matos Garratón como la Sociedad de Bienes Gananciales compuesta por ella y el señor López Cámara respondían por la deuda imputada. Sin embargo, debido a que podemos disponer de la controversia atendiendo únicamente el tercer señalamiento de error, resulta innecesario expresarnos en cuanto a los demás.

CC-2013-0978 9 los instrumentos negociables están regulados por la Ley

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―UCC‖). Exposición de Motivos de la Ley Núm. 208-1995, supra. Por tal motivo, hemos resuelto que a pesar de que la Sec. 1-103 de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 402,

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18 Al momento de su aprobación, la Ley Núm. 208-1995, supra, se conocía como la Ley de Instrumentos Negociables. Mediante la aprobación de la Ley Núm. 241-1996, se enmendó la ley para cambiar su título a Ley de Transacciones Comerciales, entre otros asuntos.

19 En París v. Canety, 73 DPR 403 (1952), este Tribunal se enfrentó a una controversia en donde los allí peticionarios acudieron a las disposiciones del Código Civil para argumentar a favor de su contención. No obstante, en dicho caso se determinó que ante un pagaré que cumple con los requisitos para ser un instrumento negociable, era de aplicación la entonces vigente Ley Uniforme de Instrumentos Negociables, Arts. 353-548 del Código de Comercio de 1932, 19 LPRA ant. secs. 1-386, por tratarse de la ley especial que regía la materia. Íd.

CC-2013-0978 10 supletorio, la Sec. 1-102 de la Ley Núm. 208-1995, supra, establece que la ley tiene un propósito uniformador que

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pudieran ser aplicables a una controversia en particular.

COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793, 811Véase además St. Paul Fire & Marine v. Caguas Fed. Savs., 121 DPR 761 (1988).

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Puertorriqueño, 1999, pág. 1. Se trata de una clase de documentos de crédito ―que incorporan el derecho a cobrar una suma de dinero, y a los cuales el Derecho Cambiario

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comprueban una deuda o un crédito y que pueden negociarse conforme a la ley. L.M. Negrón Portillo, Derecho Cambiario de Puerto Rico (Instrumentos Negociables), 2da Ed., San Juan, 1995, pág. 7.

20 En COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793 (2010), expresamos que conforme al propósito uniformador de la Ley Núm. 208supra, y el UCC, era necesario acudir a otras jurisdicciones para resolver desde cuándo comienza a correr el término prescriptivo de tres (3) años para las acciones de apropiación indebida de instrumentos negociables que dispone la Sec. 2-118 de la Ley Núm. 208LPRA sec. 518. Para una postura a favor de acudir a los principios generales del Derecho, véase la Opinión Disidente emitida en el mismo caso. COSSEC et al. v. González et al., supra, pág. 815 (Op. Disidente, J. Pabón Charneco).

CC-2013-0978 11 Por su parte, la Ley Núm. 208-1995 define instrumento negociable como [U]na promesa o una orden incondicional de pago de una cantidad específica de dinero, con o sin intereses u otros cargos descritos en la promesa u orden, si el mismo: (1) [e]s pagadero al portador o a la orden al momento de su emisión o cuando primero adviene a la posesión de un tenedor; (2) es pagadero a la presentación o en una fecha específica, y (3) no especifica otro compromiso o instrucción por parte de la persona que promete u ordena el pago que no sea el pago del dinero (...).21 Sec. 2-104(a) de la Ley Núm.

208-1995, 19 LPRA sec. 504(a).

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utilizados se encuentran las letras de cambio o giros, los cheques y los pagarés. COSSEC et al. v. González López et al., supra, pág. 799. Hablamos de la existencia de un

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significa ―un compromiso escrito de pagar dinero suscrito por la persona que se obliga a pagar‖. Sec. 2-103(a)(9) de la Ley Núm. 208-1995, 19 LPRA sec. 503(a)(9). Añade la misma sección que ―[e]l reconocimiento de una obligación por el deudor no es una promesa a menos que el deudor se comprometa a pagar la obligación‖. Íd. De lo anterior se

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