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«Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. MANUEL AVILA CAMACHO, Presidente ...»

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LEY DE NACIONALIZACION DE BIENES, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION II

DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.

(Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1940,

incluye el Decreto de Reformas publicado el 31 de diciembre de 1974)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la

República.

MANUEL AVILA CAMACHO, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus

habitantes, sabed:

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:

LEY DE NACIONALIZACION DE BIENES, REGLAMENTARIA DE LA FRACCION II

DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL.

Capítulo Primero

Artículo 1o.- Son bienes propiedad de la Nación, representada por el Gobierno Federal:

I.- Los templos que están destinados al culto público y los que a partir del 1o. de mayo de 1917 lo hayan estado alguna vez, así como los que en lo sucesivo se erijan con este objeto;

II. Los obispados, casas curales y seminarios; los asilos o colegios de asociaciones, corporaciones o instituciones religiosas; los conventos y cualquier otro edificio que hubiera sido construido o destinado a la administración, propaganda o enseñanza de un culto religioso; y III.- Los bienes raíces y capitales impuestos sobre ellos que estén poseídos o administrados por asociaciones, corporaciones o instituciones religiosas, sea directamente o a través de interpósitas personas.

Artículo 2o.- Son templos:

I.- Los edificios abiertos al culto públicos con autorización de la Secretaría de Gobernación. En ningún caso se concederá esta autorización sin que previamente se perfeccione la titulación de la propiedad en favor del Gobierno Federal; y II.- Cualesquiera otros locales en que se realicen habitualmente y con conocimiento del propietario, actos de culto público.

Artículo 3o.- Se entenderá que un bien ha sido destinado a la administración, propaganda o

enseñanza de un culto religioso, cuando, con conocimiento del propietario:

I.- Se lleven a cabo habitualmente actos que impliquen propaganda pública de un credo religioso; o II.- Se establezcan oficinas o despachos de personas que disfruten de autoridad entre los fieles de una religión o secta, que desempeñen funciones relativas a ésta; o III.- Se instale una escuela o centro de enseñanza, cualesquiera que sea su denominación, con tendencias u orientaciones religiosas; o IV.- Se afecten a propósitos u objetos religiosos los frutos o productos del bien de que se trate, o V.- En general, cuando aunque no concurra ninguno de los hechos enumerados en las fracciones anteriores, pueda inferirse ese destino por datos que directamente lo acrediten o por circunstancias que fundadamente hagan presumirlo.

Artículo 4o.- En los casos a que se refiere el artículo precedente, procederá la nacionalización, aun cuando con ella resultaren afectadas personas morales e instituciones de cualquier índole.

Se exceptúan, no obstante los establecimientos educativos que hayan obtenido, previamente, la autorización expresa del Poder Público, así como las instituciones de beneficencia privada sometidas a la vigilancia del Estado.

Artículo 5o.- Se presumirá, sin que haya lugar a prueba en contrario, que el dueño de un inmueble tuvo conocimiento del destino a que se refieren los artículos anteriores, por el solo hecho de que durante más de un año, el inmueble esté siendo utilizado en alguna de las formas a que los mismos artículos aluden.

El dueño podrá, antes de la expiración del plazo que fija el artículo precedente, poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Federal. En este caso, comprobada la veracidad de los informes, la Secretaría de Gobernación mandará desalojar, administrativamente, los predios o locales de que se trate, dejando a salvo los derechos del propietario del inmueble para que los deduzca ante los tribunales competentes.

Artículo 6o.- Son interpósitas personas de las asociaciones, corporaciones o instituciones religiosas:

I.- Quienes con título simulado posean o administren inmuebles en nombre o para beneficio de ellas;

y II.- Las personas morales que hayan sido constituidas para el objeto que señala la fracción anterior, aunque no lo exprese así su escritura social o acta constitutiva, y las que, con posterioridad a su constitución, reciban bienes con tal fin.

Las instituciones de beneficencia privada reconocidas por el Estado que posean o administren bienes raíces a nombre o para beneficio de una asociación o corporación religiosa, conservarán su personalidad jurídica, sin perjuicio de la remoción de sus patronos.

Artículo 7o.- Para los efectos de esta Ley, se reputan inmuebles las participaciones a cualquier título en sociedades o asociaciones propietarias o poseedoras de bienes raíces.

Artículo 8o.- Se presume, sin que haya lugar a prueba en contrario, que una sociedad civil o mercantil que se ostente como dueña o poseedora de bienes raíces o de capitales impuestos sobre





ellos, es interpósita persona de una asociación, corporación o institución religiosa:

2 I.- Cuando la mitad, por lo menos, del capital social, en tratándose de sociedades de personas, corresponda a sacerdotes de una misma religión o secta o, aunque no alcance esa proporción, si dos o más socios tienen aquel carácter. Esta presunción rige, asimismo, para la sociedades en comandita por acciones, en lo que mira a los socios comanditarios;

II.- Cuando la mayoría de los socios, o los que representen por lo menos la mitad del capital social, sean interpósitas personas de una asociación, corporación o institución religiosa; y III.- Cuando en una sociedad por acciones figure algún sacerdote en el Consejo de Administración o entre los comisarios, o cuando el gerente tenga aquella calidad.

Artículo 9o. Se presume, salvo prueba en contrario, que una persona jurídica es interpósita de una

asociación, corporación o institución religiosa:

I.- Cuando un sacerdote aparezca como propietario, poseedor o acreedor hipotecario respecto de un predio que, dentro de los cinco años anteriores al nacimiento de los derechos de aquél, haya figurado como de la propiedad o posesión de otro sacerdote de la misma religión o secta, a menos que entre ambos medie parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado; y II.- Si en una sociedad por acciones, propietaria, poseedora o administradora de bienes raíces, en cinco años no se celebran asambleas de accionistas, o durante un año no se reúne el Consejo de Administración.

Artículo 10.- La acción de nacionalización es improcedente respecto de aquellos bienes que, después de haber estado destinados a alguno de los fines a que se refiere la fracción II del artículo 1o. de esta Ley o de haber sido poseídos o administrados por una interpósita persona de una asociación religiosa, han sido enajenados a un adquirente de buena fe.

Artículo !!.- Prescribe en diez años la acción de nacionalización contra el adquirente de mala fe de un bien nacionalizable.

Artículo 12.- Cuando se haya nacionalizado un bien y con posterioridad salga del dominio de la Nación, sólo por hechos posteriores a la primera resolución podrá nacionalizarse aquél nuevamente.

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Artículo 13.- Los embargos, hipotecas y demás derechos reales que reporten un bien nacionalizado

conforme a eta Ley, se respetarán, por regla general, excepción hecha de los casos siguientes:

I.- Cuando los acreedores titulares del gravamen o, en su caso, los dueños de la nuda propiedad, hayan tenido conocimiento de los hechos motivo de la nacionalización, sin haber dado noticia de ellos al Ministerio Público Federal; o II.- Cuando los acreedores o titulares de derechos reales sean interpósitas personas de alguna asociación, corporación o institución religiosa, o hayan estado enterados de que tenían ese carácter sus causantes o cocontratantes.

3 Si la nacionalización recae sobre derechos de copropiedad de una interpósita persona, se respetarán los derechos de los demás copropietarios, a menos que estén comprendidos, a su vez, en alguna de las excepciones consignadas en este artículo.

Artículo 14.- Los bienes muebles que se encuentren en un predio o edificio nacionalizado, pasarán también a ser propiedad del Gobierno Federal, cuando se encuentren comprendidos en alguno de los

casos siguientes:

I.- Si los muebles deben considerarse inmovilizados, en los términos de la legislación común; y II.- Si tratándose de bienes nacionalizados por destino, guardan los muebles conexión con dicho destino.

No se requerirá para estos bienes declaratoria especial de nacionalización.

Artículo 15.- Los contratos de arrendamiento y demás cesiones temporales de que hayan sido objeto los bienes nacionalizados, sólo cesarán de pleno derecho al dictarse una sentencia de nacionalización cuando el arrendatario o cesionario haya intervenido directa o indirectamente en los hechos motivo de la nacionalización.

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Artículo 16.- El ejercicio de las acciones que corresponden a la Nación por virtud de las disposiciones de la presente ley, se hará efectivo mediante el procedimiento judicial, en el que intervendrá como actor el Ministerio Público Federal.

Artículo 17.- Cuando por denuncia de algún particular o por cualquier otro medio se tenga conocimiento de la existencia de algún bien nacionalizable conforme a esta ley, el Ministerio Público Federal solicitará datos del Registro Público de la Propiedad, sobre antecedentes y gravámenes del inmueble, y recabará, además, todos los informes, declaraciones y documentos que estime necesarios.

Artículo 18.- Si de los datos recabados se desprenden elementos bastantes para considerar que se trata de un bien nacionalizable conforme a esta ley, el Ministerio Público Federal presentará demanda ante el Juzgado de Distrito competente en materia civil dentro de cuya circunscripción territorial se encuentre dicho bien.

Artículo. 19.- El juicio de nacionalización a que se refieren los artículos anteriores, se tramitará conforme a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.

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Artículo 20.- En su escrito de demanda el Ministerio Público pedirá, y el juez deberá decretar al dictar el auto de admisión de aquél, la ocupación administrativa del bien cuya nacionalización se solicite.

Artículo 21.- Los bienes cuya ocupación administrativa haya decretado la autoridad judicial podrán destinarse desde luego a los servicios públicos de la Federación o de los Estados, salvo en los casos en que deban respetarse los derechos del ocupante, conforme al artículo 15 de esta ley.

4 Artículo 22.- El Ministerio Público no podrá desistirse de las acciones de nacionalización que haya intentado, ni de los recursos interpuestos, sin previo acuerdo del Presidente de la República.

Artículo 23.- Los denunciantes de bienes comprendidos en el artículo 1o. de esta Ley, gozarán de la participación que fija el artículo 2o. de la ley de 8 de noviembre de 1892.

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Artículo 24.- Cuando un inmueble en posesión de la Nación, de los comprendidos en la fracción II del artículo 27 Constitucional, no esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría del Patrimonio Nacional, hará la declaratoria correspondiente para el efecto de su inscripción en el propio Registro.

Artículo 25.- La declaratoria deberá contener:

I.- La descripción del inmueble:

a) Antecedentes del inmueble y su destino.

b) Superficie total, especificando área construida y descubierta, medidas y colindancias.

c) Avalúo estimativo del inmueble.

d) Mención de que se hizo el inventario de muebles.

II.- Mención de haberse notificado a los colindantes;

III.- Mención de que se obtuvo certificado de no inscripción del Registro Público de la Propiedad del lugar de la ubicación del inmueble;

IV.- Declaratoria de que el inmueble es de los comprendidos en la fracción II del artículo 27 Constitucional; y V.- La orden de que el inmueble y sus anexidades se inscriban en favor de la Nación en el Registro Público de la Propiedad de la ubicación del bien y en el Registro Público de la Propiedad Federal.

Artículo 26.- El procedimiento administrativo, para los efectos de los artículos anteriores, se iniciará de oficio o a petición de parte y se tramitará en la Secretaría del Patrimonio Nacional, en los

siguientes términos:

I.- Se notificará por escrito y ante dos testigos a los colindantes de los inmuebles a que se refiere este capítulo. La iniciación del procedimiento administrativo para que expresen lo que a su derecho convenga dentro de un plazo de quince días.

II.- En el caso de que se ignore el nombre o domicilio de los colindantes, o éstos se nieguen a recibir la notificación, la misma se hará mediante publicación por una sola vez en el "Diario Oficial" de la Federación y en su caso en el periódico oficial del Estado; y III.- Transcurrido el plazo de quince días sin oposición de parte interesada, el Ejecutivo Federal hará la Declaratoria, que previa publicación en el "Diario Oficial" de la Federación y en su caso en el periódico oficial del Estado, se inscribirá tanto en el Registro Público de la Propiedad de la ubicación del inmueble, como en el de la Propiedad Federal.

5 Artículo 27.- En caso de oposición de parte interesada dentro del plazo señalado anteriormente, se suspenderá el procedimiento administrativo y se dará la intervención que corresponda al Procurador General de la República en términos del artículo 102 Constitucional.

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